El éxito de la transición hacia la electromovilidad depende de que su implementación se fundamente en una perspectiva de derechos humanos que asegure una distribución justa y equitativa de sus beneficios; así se constituirá en un pilar en la respuesta a la emergencia climática. Este enfoque responde a un mandato jurídico consolidado a nivel internacional y nacional.
El Acuerdo de París orienta a los Estados a que toda acción climática respete y promueva obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la igualdad, la participación y la equidad intergeneracional. En esa misma línea, en 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reforzó esta premisa al reconocer el derecho humano a un clima sano y detallar deberes para prevenir daños graves, mitigar emisiones y proteger de manera reforzada a grupos en situación de vulnerabilidad (Corte IDH, 2025).
Aplicar esta perspectiva a la política de electromovilidad implica ir más allá de la simple adopción tecnológica. Significa reconocer la movilidad como un bien público y un habilitador de otros derechos como la salud, la educación y el trabajo, cuyo acceso debe ser universal y progresivo. Desde este enfoque, el objetivo, además de reducir emisiones, debe ser fortalecer el bienestar colectivo a través de un sistema que priorice la accesibilidad para todas las personas, especialmente para aquellas históricamente desatendidas, y que garantice su participación efectiva en el diseño de las soluciones.
El marco jurídico de México es consistente con esta visión. La Constitución establece las bases para el derecho a un medio ambiente sano y a la movilidad. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial desarrolla este mandato al definir la movilidad no solo como el desplazamiento, sino como un derecho que debe garantizarse bajo los principios de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Este marco es clave, pues al exigir una movilidad eficiente y sostenible, establece una ruta directa para la mitigación de emisiones, mientras que los principios de inclusión y accesibilidad impulsan un modelo de desarrollo urbano bajo en carbono, alineando así el derecho a la movilidad con los objetivos climáticos del país, de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático.
El transporte ocupa un lugar prioritario en la agenda climática por su peso real en las emisiones y por su impacto cotidiano en derechos. Según el Inventario Nacional de Emisiones 1990–2022, en 2022, México emitió 757 MT CO₂e; el autotransporte aportó 179 MT CO₂e y, junto con la generación eléctrica, concentró 65.8% de las emisiones del sector energía. Estos datos explican por qué la política de movilidad es decisiva para cumplir compromisos climáticos y materializar el derecho a un medio ambiente sano y a la movilidad.
Descarbonizar el transporte es un imperativo no solo climático, sino también social. Una transición bien diseñada es una oportunidad para atender agendas pendientes como la congestión vial, la mala calidad del aire que afecta la salud pública y las altas tasas de siniestralidad vial. Para que la electromovilidad contribuya eficazmente a resolver estos problemas estructurales, su despliegue debe formar parte de una transformación sistémica del modelo de movilidad.
Para orientar las decisiones, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) planteó un conjunto coherente de medidas para el transporte: acelerar la electrificación del transporte terrestre, coordinada con un sistema eléctrico de menor intensidad de carbono; establecer y hacer cumplir estándares exigentes de eficiencia y emisiones para vehículos ligeros y pesados; desplegar redes de recarga interoperables y accesibles; y articular una política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que acerque orígenes y destinos, con oferta robusta de transporte público y movilidad activa (IPCC, 2022; IPCC, 2023). Estas líneas de acción no compiten entre sí; se potencian cuando se implementan de forma integrada y con enfoque de derechos, lo que garantiza un resultado equitativo.
América Latina y el Caribe ofrece lecciones claras sobre cómo conectar la tecnología con la política de movilidad. Análisis del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que el transporte es un contribuyente central de CO₂ en las mayores economías de la región y que la electromovilidad funciona mejor cuando se integra en políticas amplias de movilidad sostenible, con normas estrictas de eficiencia, logística inteligente y una reconfiguración de la oferta para reducir la dependencia del automóvil particular y mejorar la accesibilidad urbana (Michelena, Iannuzzi & Barafani, 2023). La clave es el diseño socialmente justo: adoptar reglas que prioricen a las personas usuarias del transporte público y prevengan sesgos regresivos.
Desde el enfoque de derechos, la política puede articularse en tres frentes. Primero, electrificar donde más reducen emisiones y más derechos se materializan: flotas públicas y de carga. Segundo, fortalecer la oferta de transporte público con mayor frecuencia, cobertura y calidad. Tercero, actualizar y exigir estándares de eficiencia para todo el parque vehicular, evitando crear nuevas brechas de exclusión (CEPAL, 2022).
La trayectoria es clara si adoptamos lo establecido por el IPCC: para limitar el calentamiento a 1.5 °C, las emisiones netas globales de CO₂ deben llegar a cero alrededor de mediados de siglo, con reducciones profundas desde esta década (IPCC, 2023).
Para el transporte en México, esto se traduce en metas que midan el acceso equitativo a la movilidad sostenible, cuotas de electrificación para flotas públicas y de carga en corredores priorizados, estándares crecientes de eficiencia y expansión planificada de recarga interoperable, integradas con la planeación urbana y energética, y transparentadas en los mecanismos de reporte internacionales (CMNUCC, 2025).
En línea con el Acuerdo de París, en la siguiente actualización de la NDC corresponde considerar estas prioridades sectoriales y los aprendizajes de implementación, de modo que la electromovilidad quede reflejada con objetivos claros y medibles que sumen a una agenda social.
La conclusión, en perspectiva de derechos, es directa: el valor de la electromovilidad no se medirá por el número de vehículos eléctricos en circulación, sino por su contribución a la creación de un sistema de movilidad genuinamente sostenible, inclusivo y equitativo.
Más que una simple agenda de infraestructura, la transición hacia la electromovilidad es la oportunidad de materializar los derechos a un medio ambiente sano y a una movilidad en condiciones de seguridad y calidad.
El verdadero reto, y la mayor responsabilidad para quienes toman las decisiones, es alinear la innovación tecnológica con una visión de país más justo, donde la movilidad sea un pilar del bienestar social. Asumir esta responsabilidad es la única vía para que la acción climática sea eficaz y duradera, sentando las bases para alcanzar la meta de cero emisiones netas en 2050 y asegurando un futuro viable para las próximas generaciones.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Opinión Consultiva OC-32/25: Emergencia climática y derechos humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_32_es.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Posibles efectos de la electromovilidad en la red eléctrica y su impacto en la adopción de energías renovables (LC/TS.2022/121). https://www.cepal.org/es/publicaciones/48162-posibles-efectos-la-electromovilidad-la-red-electrica-su-impacto-la-adopcion
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). AR6 Working Group III – Chapter 10: Transport. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter10.pdf
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). AR6 Synthesis Report – Summary for Policymakers. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
Michelena, G., Iannuzzi, P., & Barafani, M. (2023). Hacia una integración sostenible: el potencial de la electromovilidad en América Latina y el Caribe (IDB-TN-2805). Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Hacia-una-integracion-sostenible-el-potencial-de-la-electromovilidad-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT/INECC). (2025). Inventario Nacional de GEI 1990–2022 (INEGYCEI). https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INEGYCEI_170625_CGMCC.pdf
UNFCCC. (2015). Paris Agreement (texto oficial). https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf