La creciente intensidad de los impactos derivados del cambio climático ha llevado a que la discusión global sobre las estrategias de mitigación se concentre cada vez más en el establecimiento de mecanismos económicos capaces de internalizar las externalidades negativas asociadas al uso de combustibles fósiles y a los patrones de consumo intensivos en carbono. En este contexto, el precio social del carbono ha surgido como una herramienta clave para estimar, en términos monetarios, los costos que la sociedad enfrenta por cada tonelada de dióxido de carbono (CO₂) emitida a la atmósfera. Dichos costos incluyen no solo los daños a los ecosistemas, sino también afectaciones directas a la salud, la agricultura, las infraestructuras y el bienestar de las poblaciones más vulnerables.
De acuerdo con el Banco Mundial, el establecimiento de precios al carbono constituye uno de los mecanismos más eficientes para guiar las decisiones económicas hacia modelos de producción y consumo más sostenibles y que estén alineados con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París (Banco Mundial, 2022). En términos generales, los instrumentos de precio al carbono —ya sea a través de impuestos directos o de sistemas de comercio de emisiones— buscan enviar una señal económica clara: contaminar tiene un costo y quienes generan emisiones deben hacerse responsables de ello.
Este principio de Derecho Internacional, conocido coloquialmente como “quien contamina paga”, ha sido reconocido en diversas legislaciones como una condición necesaria para corregir las fallas de mercado que han permitido que los combustibles fósiles dominen el sistema energético global (CEPAL, 2020; PNUD, 2021). Al incorporar el costo social del carbono en el diseño de políticas públicas y en la toma de decisiones empresariales, es posible orientar el desarrollo económico hacia actividades de bajo impacto climático, promoviendo al mismo tiempo la innovación tecnológica y la competitividad en sectores estratégicos. Modificar el modelo de desarrollo económico y los patrones de producción y consumo es esencial en este proceso, pues la acumulación histórica de emisiones a la atmósfera, producto de las actividades económicas, es innegable. Y con ello, la obligación de actuar de manera proporcional a su peso en la crisis climática.
En este sentido, muchas corporaciones han reconocido su papel dentro de esta grave crisis, respondiendo no solo a una obligación normativa, sino asumiendo un compromiso ético frente a la sociedad. La internalización de estos costos a través de mecanismos internos de fijación de precios al carbono se ha convertido en una práctica creciente entre corporaciones que buscan anticiparse a regulaciones futuras, reducir riesgos financieros y demostrar liderazgo climático. Según datos del CDP (Carbon Disclosure Project), más de 2.000 empresas en el mundo ya utilizan un precio interno del carbono en sus procesos de planeación estratégica (CDP, 2023). Esto no solo fortalece su resiliencia, sino que también contribuye a acelerar la descarbonización de la economía global. No obstante, se ha cuestionado fuertemente la carga regulatoria y los grandes retos que implica la determinación del costo de la tonelada de carbono por parte de diversas autoridades.
Diversos estudios, incluido el Sexto Informe de Evaluación del IPCC, han advertido que los impuestos al carbono o los esquemas de mercado pueden tener efectos regresivos al impactar de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, si estos no son diseñados adecuadamente. Esto se debe a que destinan una mayor proporción de su gasto a cubrir necesidades energéticas y bienes esenciales, por lo que cualquier incremento en los precios resultante de la fijación de un precio al carbono afecta más severamente su capacidad de consumo. De igual manera, se corre el riesgo de que, si la población percibe estas medidas como injustas o inequitativas, el apoyo público hacia la transición energética se vea debilitado, ralentizando así los avances hacia los compromisos climáticos.
Otra preocupación reside en que un precio al carbono mal diseñado puede profundizar las desigualdades existentes, trasladando los costos a los consumidores en lugar de a los productores. Esto contradice el principio mismo de justicia climática, pues quienes menos han contribuido a la generación de emisiones históricas terminan soportando una carga económica desproporcionada. La CEPAL ha señalado que, en América Latina, la transición energética debe estar acompañada de medidas redistributivas que eviten la exclusión de comunidades marginadas y aseguren una transición verdaderamente justa (CEPAL, 2020). De lo contrario, lejos de convertirse en un catalizador de equidad, el precio al carbono podría obstaculizar la construcción de sociedades más resilientes e inclusivas. Frente a estos riesgos, se ha identificado que la clave estaría en retomar el propósito original del carbon pricing: que el costo recaiga en quien genera las emisiones, no en quienes consumen los productos finales.
Para ello es indispensable contar con marcos normativos claros y actualizados, que definan los principios que deben guiar estos instrumentos y clarifiquen las atribuciones de las autoridades involucradas no solo en el diseño, sino en la ejecución de estos a fin de promover mecanismos redistributivos capaces de proteger a los hogares vulnerables frente a la emergencia climática. Entre estos mecanismos, ha destacado la efectividad del uso de los ingresos generados por el precio del carbono para financiar transferencias directas a poblaciones de bajos ingresos, la inversión en transporte público accesible y eficiente, la promoción de energías renovables comunitarias y la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética.
El PNUD (2021) ha señalado que destinar los ingresos del precio al carbono a programas sociales no solo compensa los impactos negativos, sino que además puede fortalecer la aceptación pública y acelerar la transición hacia una economía verde. Adicionalmente, adoptar un enfoque holístico en el diseño de estos instrumentos contribuye a reconocer la interdependencia entre las dimensiones económica, social y ambiental.
La experiencia en países europeos demuestra que, cuando los ingresos recabados a través de instrumentos como el carbon pricing se destinan a proyectos de investigación y desarrollo, así como a la capacitación de la fuerza laboral en sectores emergentes, se generan beneficios compartidos que trascienden la mera reducción de emisiones.
Siguiendo el mismo ejemplo, un diseño integral también debe contemplar los denominados “puntos de inflexión” climáticos. Estos escenarios, identificados por el IPCC, se refieren a umbrales críticos en los sistemas naturales —como el colapso de los glaciares o la alteración de corrientes oceánicas— que, de superarse, desencadenarían impactos irreversibles y de gran escala. Al integrar estas consideraciones en la estimación del precio social del carbono, se reconoce que los costos de la inacción son exponencialmente mayores que los costos de actuar ahora.
En este sentido, investigaciones recientes han estimado que el verdadero precio social del carbono podría alcanzar hasta los 185 dólares por tonelada de CO₂, una cifra muy superior al promedio que se ha gravado a nivel estatal mediante impuestos al carbono. Este tipo de estimaciones evidencian la necesidad de que se reflejen con precisión los daños económicos, sociales y ambientales asociados a las emisiones, pues solo así podrán diseñarse instrumentos que sean consistentes con la magnitud de la crisis climática y que al mismo tiempo promuevan la equidad social. (Rennert et al. 2022).
Como se puede apreciar, este debate no puede quedar reducido a un cálculo técnico o a la implementación de instrumentos aislados. Necesitamos contar con el respaldo de marcos normativos que garanticen la aplicación efectiva y eficiente de estos, para contar con certidumbre y asegurar que los costos de las emisiones no agudicen las brechas en materia de desigualdad que actualmente existen. Mediante normas claras, objetivos vinculantes y mecanismos de transparencia, podremos evitar que el peso de la transición recaiga en los sectores más vulnerables.
Fuentes:
“Carbon Pricing: An essential tool to tackle climate change.” UNFCCC. Disponible en: https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/the-ciaca/about-carbon-pricing
“Carbon Tax: Pros and Cons and Implementation Around the World.” Earth.org. 2023. Disponible en: https://earth.org/explainer-what-is-a-carbon-tax-pros-and-cons-and-implementation-around-the-world
“México se suma a la Iniciativa Regional del Precio Social del Carbono, buscando que las inversiones públicas tengan en cuenta el costo social de las emisiones.” CEPAL – Notas de la CEPAL. 2025. Disponible en: https://www.cepal.org/es/notas/mexico-se-suma-la-iniciativa-regional-precio-social-carbono
“Social Cost of Carbon 101.” Resources for the Future (RFF). 2023. Disponible en: https://www.rff.org/publications/explainers/social-cost-carbon-101
CDP. “Carbon Pricing Hubs: Internal Carbon Pricing by Corporations.” Carbon Disclosure Project. 2023.
Rennert, Kevin, et al. “Comprehensive evidence implies a higher social cost of CO₂.” Nature. 2022.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning the Economic Aspects of Environmental Policies.” 1972.
Naciones Unidas. “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano.” Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972.
Naciones Unidas. “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.” Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992.