Transición energética justa: origen, importancia y retos

Sep 29, 2026 | Blog, Publicaciones

En menos de tres generaciones, la quema de combustibles fósiles, sobre la que se sostiene el modelo económico y político vigente, ha desencadenado alteraciones severas y, en muchos casos, irreversibles en las condiciones ambientales y climáticas planetarias. Olas de calor intenso, sequías prolongadas, lluvias torrenciales y el deshielo de glaciares son sólo algunos de los sucesos que gran parte de la humanidad experimenta con más frecuencia. Las capacidades institucionales, económicas, políticas y científicas de los países se ven cada vez más rebasadas por fenómenos climáticos extremos, cuyos impactos profundizan y exacerban las brechas sociales existentes. Así como otrora la energía fósil aceleró el intercambio comercial, los traslados y la producción a escala mundial; hoy acelera el calentamiento del planeta y la injusticia climática global. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la década de 2015-2025 fue la más calurosa de la historia; mientras 2025 fue el segundo o tercer año más caluroso registrado, con una temperatura aproximadamente 1,43 °C superior al promedio de 1850-1900 (OMM, 2026). Esto en un contexto donde los que menos contaminan son quienes más se ven afectados. Los países de renta alta, en los que vive tan sólo una de cada seis personas del mundo, emiten a la atmósfera 44 veces más dióxido de carbono (CO2) que los menos desarrollados (OXFAM, 2019).

A los impactos atmosféricos y climáticos derivados de la quema de hidrocarburos se suman los daños sociales y ambientales generados por su extracción. Algunos ejemplos pueden encontrarse en los múltiples accidentes y derrames petroleros en el Golfo de México, entre ellos el ocurrido en el pozo Ixtoc-I, operado por Pemex, en junio de 1979; el de la plataforma Deepwater Horizon, de BP, en abril de 2010; y diversos incidentes asociados con instalaciones de Pemex registrados en dicha zona en 2021, 2023 y 2026 (Oceana, 2024; Redacción La Jornada, 2026). A estos casos se suma el ocurrido el 5 de marzo del presente año, en el pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz, México, que se calcula quemó alrededor de 252 millones de metros cúbicos de gas, con afectaciones en 270 hectáreas y por lo menos 29 comunidades en Veracruz (Cartocrítica, 2026), generando enfermedades respiratorias en niñas, niños y personas adultas mayores, muerte de ganado y animales de traspatio, pérdida de milpas, árboles frutales y pastizales; así como contaminación de cuerpos de agua (Greenpeace, 2026).

En este contexto, la transición energética justa se presenta como una necesidad y como uno de los retos de gobernanza global más urgentes y desafiantes. Si bien sus antecedentes se remontan a la década 1970, cuando el movimiento sindical estadounidense comenzó a plantear que las políticas de protección ambiental y de reducción de actividades peligrosas no debían trasladar sus costos exclusivamente a los trabajadores; el concepto se consolidó posteriormente como un proyecto caracterizado por la heterogeneidad de propuestas que buscan articular nuevos acuerdos que permitan descarbonizar la industria, el transporte, la movilidad, la agricultura y el consumo doméstico. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) incorporó esta perspectiva a su marco internacional. En 2015, adoptó las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, posteriormente reafirmadas en el ámbito de la Conferencia Internacional del Trabajo. Las directrices vinculan la transición ambiental con trabajo decente, protección social, diálogo social y participación de trabajadores y empleadores. El concepto también llegó al régimen climático internacional: la transición justa y la creación de trabajo decente aparecen en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015, reflejando la incorporación de la dimensión laboral y social a la acción climática (UNFCC, 2015).

En México, la incorporación del enfoque de justicia al concepto de transición energética adquirió particular relevancia debido a la conflictividad socioambiental en los territorios donde se desarrollan proyectos asociados con la generación de energía. Desde la sociedad civil se ha enfatizado que la transición debe incorporar metas de carácter social y democrático, y no limitarse a una dimensión meramente energética o tecnológica. El adjetivo justa introduce cuestionamientos adicionales: cómo se realiza esa transformación, quién asume sus costos, quién obtiene sus beneficios y quién participa en las decisiones. Dicho de otro modo, una transición energética justa implica, entre otras acciones, garantizar la participación social, el acceso a la información y a la justicia, la protección de los derechos humanos, la mejora de la calidad de vida de las personas, así como la preservación de los ecosistemas y de las comunidades.

Frenar la extracción y quema de los combustibles fósiles es, sin duda, una condición necesaria de la transición energética. No obstante, para que esta sea justa, cualquier modelo que aspire a sustituir a las fuentes fósiles tendrá que evitar reproducir las mismas prácticas que en primera instancia las hicieron insostenibles: la concentración y privatización inequitativa de su usufructo, la socialización desigual de sus afectaciones y la sobreexplotación acelerada de los yacimientos.

Los recursos energéticos y materiales del planeta son finitos y la capacidad del planeta para absorber y asimilar los desechos y contaminantes generados por las actividades humanas es limitada. Partiendo de esta premisa, es importante que las instituciones, los tomadores de decisiones en los ámbitos nacional, subnacional y local, las industrias y la sociedad en su conjunto orienten sus acciones en consecuencia. La transición no se limita al ámbito energético, sino que se articula con otras dimensiones de la vida social, laboral, educativa, científica, ambiental, climático, de movilidad, salud y seguridad. En este sentido, incorporar una visión integral de la transición energética en la legislación constituye un primer paso, pues ésta representa uno de los mecanismos mediante los cuales una sociedad formaliza e institucionaliza sus prioridades, objetivos y acuerdos, y establece un marco para orientar las acciones de los distintos actores involucrados. Al respecto, los compromisos deberán estar a la altura de la magnitud del reto que enfrentamos.

Referencias