Escribe Diana de la Rosa, Gerente de Política Climática y Mercados de Carbono en POLEA
El dinamismo del cambio climático y sus devastadores efectos han hecho que las discusiones de tomadores de decisión de todo el mundo giren entorno al diseño de estrategias para limitar el incremento de la temperatura por debajo de los 2°C e idealmente en los 1.5°C, tal como lo indica el Acuerdo de París.
En este sentido, han destacado esfuerzos de diversos países por reducir sus emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI), proteger la diversidad biológica y establecer mecanismos de adaptación que consideren las vulnerabilidades diferenciadas a las que se enfrenta cada territorio.
Son 52 las naciones que ya han expresado su intención de transitar hacia modelos de desarrollo que permitan que sus emisiones netas de carbono sean igual a cero, es decir lograr un equilibrio entre las toneladas de emisiones lanzadas a la atmosfera y las toneladas removidas o compensadas. No obstante, solo 5 naciones han alcanzado esta meta tan necesaria, la neutralidad de carbono. (Oxford Net zero, 2024)
Desde la década pasada, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya señalaba que entre los factores que promueven el buen desempeño climático destaca el establecimiento de metas claras y cuantificables al tiempo que se cuenta con apoyo normativo. Pues se ha demostrado que la consecución de metas climáticas ambiciosas requiere de una transformación política orientada a la forma en que los países diseñarán y ejecutarán sus estrategias (PNUMA 2012).
En este sentido, contar con una legislación marco en la materia es clave para consolidar el apoyo político a la agenda de acción climática y coadyuvar a la implementación de ésta, así como para la evaluación de su progreso con miras a ser más ambiciosos en un futuro.
La importancia de los instrumentos legislativos radica en su naturaleza al ser un mecanismo fundamental para garantizar que la decisión política para la atención de un problema determinado se mantenga a pesar de los cambios de gobierno y guíe el curso de las acciones a implementar por todos los actores relevantes.
Las legislaciones contienen elementos esenciales que le dan forma a las acciones que un país llevará a cabo, mandatando el curso de la política nacional. En este sentido, el gobierno, mejor dicho, las dependencias de la administración pública como agentes implementadores, tienen la obligación de diseñar toda una estrategia de gestión –basada en lo que establezca la ley– para lograr la consecución de los objetivos planteados por la propia legislación.
En materia de cambio climático, la legislación entonces establece los objetivos que se perseguirán, los actores que contribuirán a su cumplimiento, así como los principios que deben seguirse al momento de diseñar las estrategias tanto en materia de mitigación como de adaptación.
Asimismo, las leyes permiten incluir objetivos específicos de reducción de emisiones de mediano y largo plazo, objetivos sectoriales, reconocer o asignar atribuciones a las dependencias con incidencia en el cumplimiento de dichos objetivos, robustecer las acciones de coordinación y concertación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, monitorear y evaluar el progreso realizado para fortalecer la transparencia y la efectividad de las futuras acciones, contemplar mecanismos de financiamiento para implementar todo lo establecido por el instrumento, e incluir mecanismos de participación ciudadana.
Es por ello que se han vislumbrado mejores resultados en cuanto al desempeño climático en aquellos países que sustentan sus metas en instrumentos de política pública y propiamente en leyes. Pues a nivel global, el creciente desarrollo y actualización de la legislación ha dado como resultado una disminución de emisiones a la atmosfera. En 2016 se estudió el impacto del desarrollo de legislaciones y ordenes ejecutivas en materia de cambio climático, resultando en la disminución de 5.9 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e) de un total de 59 GtCO2e. (GLOBE, 2016).
Dada la importancia de estos instrumentos, deben ser revisados continuamente y transitar por procesos de actualización cuando los supuestos bajo los que fueron creadas ya no responden de manera efectiva a las problemáticas del día a día o cuando las capacidades de las autoridades implementadoras se ven rebasadas.
Contar con legislaciones actualizadas permite que los marcos normativos respondan a las necesidades y especificidades de cada país y establezcan los mecanismos e instrumentos necesarios que deberán elaborarse para garantizar el cumplimiento de las metas que se establezcan acorde a la naturaleza del territorio. Aunado a ello, una revisión continua de las legislaciones climáticas posibilita la identificación y pertinencia de los principios y criterios que deben guiar las acciones a implementarse en todo un país, teniendo la oportunidad al actualizarlas de avanzar hacia al cumplimiento de los objetivos internacionalmente planteados.
Fuentes:
“The Global Climate Legislation Study: Summary of Key Trends 2016.” London: GLOBE International and the Grantham Research Institute, London School of Economics. 2016.
“The GLOBE Climate Legislation Study: A Review of Climate Change Legislation in 66 Countries. Fourth Edition.” London: GLOBE International and the Grantham Research Institute, London School of Economics. 2014
Measuring Progress: A Practical Guide for Developing and Implementing a National Monitoring and Evaluation System for Climate Change Adaptation. PNUMA. 2012.
Net Zero Tracker. Energy and Climate Intelligence Unit, Data-Driven EnviroLab, NewClimate Institute, Oxford Net Zero. 2024.