El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2025), tras brindar asistencia a 13 países para fortalecer su legislación climática con el objetivo de facilitar la implementación efectiva de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) —que comprenden los compromisos tanto condicionados como no condicionados para alcanzar el objetivo a largo plazo del Acuerdo de París— identificó como lección clave la necesidad de invertir en una comprensión compartida, en el desarrollo de capacidades y en la participación significativa de todas las partes interesadas, con el fin de mejorar la calidad, la sostenibilidad y la aplicación de las leyes y reglamentos climáticos.
Si bien esto nos permite resaltar la importancia de la legislación climática y los instrumentos para su implementación, también hace relevante la necesidad de establecer mecanismos para el desarrollo de capacidades, tanto de funcionarios públicos como de la ciudadanía. Con ciudadanos y funcionarios debidamente formados y comprometidos, que tengan claro el propósito y acciones para el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos, se propicia una participación más activa. No solo en el seguimiento a la implementación, sino en el diseño de espacios e instrumentos complementarios de gestión.
En este orden de ideas, el desarrollo e implementación de marcos jurídicos eficaces requiere de la participación de todos niveles de gobierno y entre los diversos sectores, los cuales tradicionalmente no están involucrados en la gestión ambiental o no conocen las disposiciones de la legislación climática (a diferencia de las secretarías relativas a medio ambiente y desarrollo urbano). Por lo que generalmente se requiere de una capacitación en materia de cambio climático, con énfasis en los temas específicos de cada sector, con el objetivo de fomentar la transversalidad de la política climática.
El desarrollo de capacidades y la formación de autoridades nacionales, regionales y locales, a nivel multisectorial, mejora la comprensión de sus responsabilidades, mantiene las políticas a la vanguardia de los avances nacionales e internacionales y otorga herramientas metodológicas para su labor cotidiana como implementadores directos de la ley.
Ejemplo de ello es el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual, en su edición dedicada a la educación y el cambio climático, destacó que “la educación, ya sea formal, no formal o informal, es clave para los esfuerzos de mitigación del cambio climático y adaptación a sus efectos” (UNESCO, 2024, p.4). Esto se refleja, por ejemplo, en el impulso a la investigación y el desarrollo para acelerar la innovación tecnológica, en la formación de profesionales que estudian el fenómeno climático o diseñan políticas, así como en el empoderamiento de las personas como agentes de cambio. En ese sentido, “la educación puede dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para comprender el impacto duradero de los comportamientos pasados y abogar por un cambio de políticas a escala local, nacional y mundial” (UNESCO, 2024, p.5).
El Acuerdo de París reafirma la importancia de los medios de implementación, especialmente en los países en desarrollo, conforme a sus necesidades y mediante la cooperación internacional. Entre estos medios se incluyen la provisión de recursos financieros (Artículo 9), el desarrollo y la transferencia de tecnología (Artículo 10), el fortalecimiento de capacidades (Artículo 11) y la mejora de la educación, sensibilización, acceso a la información y participación en materia ambiental (Artículo 12). Por lo que, el fortalecimiento de capacidades y la educación ambiental son algunos de los componentes base para la consecución de las NDC y por tanto mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 °C e idealmente por debajo de los 1.5 °C. Del mismo modo, la legislación representa un elemento esencial para garantizar la acción climática, al establecer atribuciones claras y objetivos.
En ese sentido, el siguiente paso es realizar esfuerzos de formación y desarrollo de capacidades centrados en el desarrollo sostenible, así como la adaptación al cambio climático y su mitigación generando personal especializado que participe en la transformación de los sectores productivos.
Por otro lado, estudios han demostrado que “una mejor educación de la población reducía la vulnerabilidad a corto plazo gracias a un mayor conocimiento de la información crucial, respuestas más rápidas y eficaces a las alertas y una mejor recuperación tras el desastre” (Pichler y Striessnig, 2013). En la misma línea, la UNESCO (2024) señala que, en sectores como la agricultura y la construcción, la formación es crucial para la preparación frente a desastres. Asimismo, en otros sectores, las personas con mayor conciencia sobre el cambio climático y el deterioro ambiental suelen innovar e invertir más en mejorar su eficiencia energética y resiliencia. En consecuencia, la educación y el desarrollo de capacidades también desempeñan un papel clave en los procesos de adaptación al cambio climático.
Sin embargo, la UNESCO (2024) también advierte sobre la necesidad de una educación que promueva la acción, ya que el conocimiento y la preocupación por el cambio climático no se traduce automáticamente en un cambio de conducta, acciones concretas frente a la crisis climática o acceso a la toma de decisiones. Asimismo, la comunicación y la educación ambiental resultan más efectivas cuando se enmarcan en los valores y el lenguaje de las comunidades, generan sinergias con el conocimiento tradicional y aseguran la participación activa de estas en los procesos de toma de decisiones.
En conclusión contar con legislaciones efectivas requiere de un proceso participativo para mejorar la calidad y la aceptabilidad de las normas y políticas públicas encauzando así su cumplimiento y rendición de cuentas. En ese sentido, para garantizar su efectividad la legislación climática debe complementarse con funcionarios capacitados y un entorno propicio para implementarse el cual puede conformarse a través de la educación ambiental y el desarrollo de capacidades articulando el conocimiento y los avances frente al desafío climático global con las necesidades locales.
Fuentes:
United Nations Development Programme [UNDP] (2025). Advancing climate action through laws and regulations: Lessons learned from the NDC Support Programme (2017–2025). United Nations, New York. Dirección URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-04/undp_ndc_sp_lesson_learned_advancing_climate_action_laws_and_regulations.pdf . Consultado el 6 de mayo de 2025.
Naciones Unidas (2015). Acuerdo de París, Convención Marco sobre el Cambio Climático. Dirección URL: https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf . Consultado el 6 de mayo de 2025.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2024). Educación y cambio climático: aprender a cuidar de las personas y el planeta. Naciones Unidas. Dirección URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391927 . Consultado el 9 de mayo de 2025.
Pichler, A., & Striessnig, E. (2013). Differential vulnerability to hurricanes in Cuba, Haiti, and the Dominican Republic: The contribution of education. Ecology and Society, 18 (3). Dirección URL: https://doi.org/10.5751/es-05774-180331